El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, afirmó que la reciente destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá repercusiones en los contratos vigentes ni en las gestiones energéticas que actualmente se desarrollan en la isla.
Colón indicó que, aunque haya modificaciones en la estructura de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico sigue teniendo la habilidad para proteger y gestionar los intereses del país en el ámbito energético. Enfatizó que las tareas fundamentales, como asegurar el abastecimiento de combustible, la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética, continuarán avanzando sin interrupciones, dado que son obligaciones que no puede delegar el Ejecutivo.
El funcionario destacó que los proyectos en marcha, así como las negociaciones relacionadas con la infraestructura y el abastecimiento energético, no se verán interrumpidos por las modificaciones en el organismo fiscal. Según precisó, las determinaciones sobre políticas y contratos del sector seguirán basándose en criterios técnicos y en el interés público.
Uno de los temas que ha generado mayor atención es el contrato con la empresa New Fortress Energy (NFE), que opera el único terminal de gas natural en el norte de Puerto Rico desde 2018 bajo un acuerdo de arrendamiento de muelle. Colón ha cuestionado la validez de este contrato, al considerar que debió ser evaluado por la JSF en su momento, lo que podría implicar que sea anulable.
A pesar de estos comentarios, el representante afirmó que el convenio con NFE seguirá llevándose a cabo según lo acordado y que el Ejecutivo está investigando formas de diversificar la llegada de suministradores para disminuir la dependencia de un único proveedor. Según lo declarado, esta meta pretende reforzar la seguridad enérgica y propiciar condiciones más competitivas para el mercado nacional.
El debate sobre los contratos energéticos también se intensificó después de que un acuerdo propuesto con NFE para el suministro de gas natural licuado por 15 años fuera rechazado por la JSF. Este contrato, que incluía cláusulas consideradas desfavorables para el Estado, fue retirado del proceso por la Oficina de Alianzas Público-Privadas (3PPO). Colón detalló que los términos presentados fueron “impuestos” y no resultado de una negociación abierta, lo que motivó la decisión de no avanzar con la iniciativa.
El funcionario insistió en que la salida de los miembros de la JSF no significa un vacío en la supervisión de los procesos energéticos y que el Gobierno mantendrá una postura firme para garantizar que las inversiones y acuerdos respondan a las necesidades de la población y no a intereses externos.
En este contexto, Colón reiteró que el Ejecutivo seguirá impulsando políticas para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, optimizar la generación y fortalecer la infraestructura. También recalcó que las transformaciones en el sector energético se implementarán con transparencia y bajo un marco regulatorio que priorice el bienestar colectivo.
Así, la dirección intenta comunicar un mensaje de estabilidad y continuidad en un contexto fiscal que, a pesar de sus transformaciones, no alterará el plan establecido para el sector energético de Puerto Rico.
